Denuncia fílmica que nos hace comprender que la propiedad que define a las víctimas es que lo son a perpetuidad. Cuando la desgracia les visita por sorpresa, sin invitación previa, independientemente de sus deseos, ya están condenados. Es el negro y gratuito privilegio que les otorga el azar, la fatalidad, el destino, palabras que emboscan los nombres y apellidos de los que no fueron ajenos al desencadenamiento de la catástrofe que les convirtió en víctimas.
La sociedad suele consternarse por ellos, los medio de comunicación se hacen eco del acontecimiento y se les permite a sus familiares, víctimas por herencia, y a los que sobreviven, buscar amparo en asociaciones desde las que braman la injusticia de su situación, inherente a su propia condición de víctimas, sobre todo cuando cada uno no recibe lo que se merece, que es lo que todavía piensan algunos es función de la ciega que sujeta la balanza, cada vez, según los mismos, más extraña en la aplicación de la ley cuyo veredicto aún les genera más dolor, dolor espiritual, claro, aunque ya se sabe que luego este se prolonga en el físico.
El citado documental realizado con firmeza convicción y efectividad por su directora, y su entusiasta equipo de producción, expone, denuncia y da fe de la concatenación de errores que produjeron el trágico accidente y la lamentable actuación, antes, durante y después del mismo por la administración, del dolor de las víctimas y de la opinión de los expertos a través de una serie de entrevistas modélicas en su aparentemente sencilla filmación y posterior montaje. Pudoroso, sincero, y duro documento de lo que nunca debió ocurrir, que merece la máxima difusión, para que no se ignore una historia que si se olvida, como antes ocurrió con las similares que la precedieron, puede volver a repetirse, pues la seguridad sí tiene precio y es de justicia exigir que se pague. Es una obligación que deben cumplir los estados, por encima de los intereses económicos de quienes sean
Ángel Luis Inurria.