Para el COPAC esta decisión judicial supone dejar abiertas muchas de las grietas de seguridad que rodearon el accidente del JK5022 relacionadas con la gestión y supervisión de la compañía y con el fabricante de la aeronave, por lo que la vida de 154 personas no ha servido para que se adopten medidas que permitan corregir las malas prácticas y deficiencias que se manifestaron en dicho siniestro.

Por otro lado, para el COPAC las dos vías de investigación que se abrieron tras el accidente de Spanair, la técnica y la judicial, suponen un rotundo fracaso desde el punto de vista de la seguridad aérea, ya que ambas han pasado por alto cuestiones relevantes en materia de supervisión y control operacional y de diseño de aeronaves.

Tras las deficiencias de la investigación técnica de la CIAIAC, la justicia era la única opción que quedaba para reforzar la seguridad aérea, pero las expectativas se han visto frustradas.  En este sentido, el archivo de la causa también pone de manifiesto la falta de familiaridad de la justicia con asuntos como la aviación y las operaciones aéreas. Al mismo tiempo, el COPAC considera que para evitar las negligencias y la concatenación de errores que dieron lugar al accidente de Spanair, o que puedan estar presentes en cualquier otro accidente aéreo, es necesaria una actitud preventiva que evite llegar  al ámbito penal. 

Para ello, hay que determinar la responsabilidad en que incurren los gestores que promueven malas prácticas o los funcionarios que no cumplen sus funciones de supervisión y certificación de forma adecuada. También es importante abordar con el máximo rigor cuestiones como la formación, entrenamiento y capacidad de decisión en materia de seguridad del personal aeronáutico.

El archivo de la causa no contribuirá a trabajar de manera preventiva en materia de seguridad aérea ni a evitar accidentes similares en el futuro y perpetúa las malas prácticas que existen en el sector.