Desde Ceaccu se instó a la aerolínea "al escrupuloso cumplimiento de la normativa vigente, máxima diligencia en sus operaciones y debido respeto a los derechos de los pasajeros".

El abogado de la confederación de consumidores, Eugenio Ribón, explicó que en caso de que se comprueben los hechos, que investiga la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), se trataría de una "infracción grave" por comprometer la seguridad de los pasajeros, que conllevaría una multa de cuatro millones de euros y tres años de suspensión de licencia para volar por España.

O’Leary insistió ayer en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid que las autoridades españolas no pueden retirar la licencia a la compañía irlandesa, aunque admitió que puede sancionarla si no cumple con la normativa de atención a pasajeros, y aseguró que la investigación abierta por las autoridades irlandesas, que confió culmine en unas dos o tres semanas, "hablará por sí misma".

Posteriormente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, le recordó a Ryanair y al presidente de la compañía irlandesa, Michael O’Leary, que el cumplimiento de la legalidad en España "es para todos y todos los operadores".