El Gobierno obligó a los pilotos y a la empresa a someterse a un arbitraje, ante la imposibilidad de desbloquear una situación de conflicto, que se alargaba ya más de seis meses. Tras la imposición obligatoria del laudo, Iberia decidió recurrir el mismo, lo que no la exime de cumplir y poner en marcha el laudo, según marca la ley.
El laudo, aprobado el 25 de mayo, obliga a la compañía que sus filiales sean operadas por pilotos que pertenezcan al escalafón de Iberia, obligando a los nuevos pilotos que operen en dichas filiales a una reducción de un 50% de sus salarios.
Desde la entada en vigor del laudo, Iberia sólo ha puesto en marcha las medidas que afectan a las rebajas salariales y aumentos de productividad por parte de los pilotos de la matriz.
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