Esta resolución reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas y exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.

Eileen Donahoe, la embajadora de Estados Unidos, comentaba al respecto de la resolución que:

Es la primera vez que una resolución de ONU afirma que los derechos humanos también tienen que ser protegidos en el ámbito digital y promovidos en la misma medida y el mismo compromiso que se hace en el mundo físico.

La idea es forzar a los países y gobiernos a promover y facilitar el acceso a la red y la libertad de expresión, aunque como afirma Ken Roth, director de Human Rights Watch, el carácter no vinculante de esta resolución se utiliza para avergonzar públicamente a los países que no respetan este tipo de propuestas. Según Roth:

Sirve para avergonzar públicamente. China, a pesar de la obvia hipocresía, se sintió obligado a firmar un programa en el que no se siente cómodo ya que mantienen un régimen de censura en Internet con el que pretender continuar.

Y es que al igual que China, quién no ha tenido más remedio que firmar la propuesta aunque se trate de uno de los países que más filtran y censuran la red, el debate gira en torno a las empresas y gobiernos y el esfuerzo que dedican a que la libertad de expresión sea una realidad en la red.

China censura, pero en la mayoría de casos lo hace a través de la tecnología de Cisco. Si atendemos a los reportes de transparencia Google, Estados Unidos y sus agencias solicitan de manera rutinaria información privada de los usuarios. Otro de los firmantes, Reino Unido, ha obligado a varios proveedores a bloquear el acceso The Pirate Bay. Peor aún, trata de implantar un proyecto de ley donde el gobierno pueda acceder a todo lo que se escribe y publica en la red. Lo mismo ocurre con Australia, otro de los países que han firmado manteniendo a su vez el compromiso en el futuro de una red propia de filtrado.

Tan sólo Twitter y la misma Google se muestran como compañías del sector transparentes, informando a los ciudadanos sobre los datos que piden gobiernos y entidades. Incluso Facebook, la red social más grande en el mundo, niega este tipo de reportes al público, aunque afirma que elimina mensajes y páginas que se encuentren dentro de la ilegalidad de cada país o de sus propios términos de servicios.

Es posible que esta resolución no sirva más que para darnos cuenta de la hipocresía de todos y cada uno de los países que la firman, abierta a interpretaciones individuales que dependen más de la rentabilidad de cada país y sus gobiernos y empresas. Las herramientas que utilizan los países para controlar y delimitar a sus ciudadanos en la red son creadas por sus propias compañías de tecnología, quienes miran primero por sus intereses económicos acabando por colaborar con regímenes represivos.