Es decir, se estaría tratando de confundir a la opinión pública, para crear el escenario, y por tanto el clima social que demande una privatización de los aeropuertos, innecesaria y costosa para todos los españoles, en una ceremonia de la confusión, a fin de favorecer sus intereses , malvendiendo/regalando un reputado y excelente sistema aeroportuario que ha aportado internacionalmente como "marca Aena ", consolidada con abundantes premios internacionales y nacionales de reconocida excelencia, y creada con el esfuerzo de todos los españoles, puntera en la gestión aeroportuaria y de navegación aérea.
Es evidente que se debe corregir la mala gestión causante de los balances económicos, de ninguna manera imputables a los gestores profesionales de Aena, sino a los gestores políticos de Aena y del Ministerio de Fomento y del Gobierno de la nación, pero sobre todo a los responsables políticos autonómicos por jugar con pólvora de rey, y esto puede hacerse optimizando y potenciando con eficiencia la gestión con los profesionales de Aena altamente cualificados y contrastada su gran operatividad, analizando con rigor los balances de cada aeropuerto y su necesidad, en el sistema integrado general de transportes nacional, puesto que existen ciudades de nuestra geografía con aeropuerto y AVE simultáneamente, que no justifican esas grandes inversiones en sus demandas de tráfico.

Debemos hacer notar la competencia desigual entre el modo aéreo y el modo ferrocarril, mas concretamente la Alta Velocidad Española AVE, ya que el usuario del avión paga en su billete el coste de las infraestructuras, tanto aeroportuarias, como de navegación aérea, utilizadas en su recorrido, es decir las correspondientes tasas, mientras que el usuario del tren no paga el coste de las infraestructuras en su billete, que corre a cargo de los presupuestos generales del Estado, por tanto de todos los españoles.
Sería de justicia exigir responsabilidades de estos resultados a los gestores políticos, sordos a las llamadas de atención de los responsables técnicos de Aena. Estos gestores políticos pretenden vender ahora recetas magistrales, que no se corresponden con la realidad actual.

Aena es el mayor gestor aeroportuario del mundo y constituye una gran empresa pública ,de las pocas que nos podemos sentir orgullosos los españoles, no cuesta un euro a los ciudadanos españoles. Es uno de los escasos servicios públicos estratégicos, y de interés general que se autofinancia con recursos propios debidos a los ingresos generados, tanto ingresos aeronáuticos ( tasas aeroportuarias y de navegación aérea) como ingresos no aeronáuticos (comerciales). Por nuestros aeropuertos accede el 80% del turismo internacional, nuestra principal industria nacional, por tanto estratégica para salvar el PIB español. Y lo hacen en las mejores instalaciones, en condiciones de seguridad y calidad óptimas, por ello no debemos admitir la rebaja en estos parámetros, que definen su eficiencia. No se puede olvidar que Aena participa, por medio de Aena Internacional, en la gestión de aeropuertos de Estados Unidos, Sudamérica, o países europeos como Suecia y Reino Unido.
Nuestros aeropuertos públicos tienen un alto nivel de calidad. Los Aeropuertos fantasma, sin pasajeros y sin aviones, ni otra actividad, por tanto sin utilidad (Carga u Operaciones no comerciales) que Aena omite en sus publicaciones, como Castellón, Ciudad Real, Lérida o Corvera (Murcia) por que no son de Aena, al menos en la actualidad. Son temeridades políticas de gobiernos autonómicos irresponsables, de todo signo político, o de su ingenuidad con "pelotazos empresariales", que se beneficiaron de fondos públicos, a diferencia de los recursos propios con los que opera Aena.

Debemos de conocer el efecto multiplicador en creación de riqueza y de puestos de trabajo, tanto internos (de Aena), como externos (empresas auxiliares), en el área de influencia de cada aeropuerto, creando plataformas logísticas y nuevos polos de desarrollo industrial, y de alta tecnología en sus proximidades, constituyéndose en verdaderas ciudades aeroportuarias.

No se debe permitir convertir los trece mil empleos directos de Aena, que facilitan varios centenares de miles de empleos indirectos en sus instalaciones, y varios miles de empleos en las empresas auxiliares al sistema aeroportuario, en moneda de cambio de los intereses políticos.

Todos los partidos políticos celebraron la desconvocatoria de huelga en Aena del pasado año con la firma de un acuerdo que garantizaba las plantillas. Si ahora se incumple, se habrá de recordar el coste para toda la economía española que tendrían los paros que serían inevitables durante todo el año, incluyendo la campaña veraniega, que España no podría permitirse.
Se ha de comprender que los aeropuertos y la navegación aérea no son sólo una de las pocas empresas públicas españolas con balance positivo, sino una infraestructura estratégica de interés general, que se autofinancia, y es uno de los mayores inversores del país, y por tanto dinamizador de la economía española. Ejemplos de ello son los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Santander, que son las primeras empresas de la región correspondiente en volumen económico.

Debería hacerse una reflexión con sensatez y cordura antes de acudir a un conflicto social al que nos pueden abocar las actitudes irresponsables. Un conflicto cuyo coste sería muy superior al presunto ahorro que los gestores políticos de Aena publicitan en los medios. Hay que corregir la gestión, exigiendo responsabilidades a sus responsables políticos, afrontando la realidad con austeridad, elaborando planes de negocio realistas. Todo ello puede hacerse sin incumplir los compromisos firmados hace un año. Corresponde al Ministerio de Fomento encarar el futuro con sensatez para no convertir un servicio público rentable en una fuente de conflicto y gastos innecesarios para todo el país, que afecte a todos los sectores industriales, turísticos, transporte aéreo, servicios, y hostelería, entre otros.