Si la UE empieza a preguntarse cuáles han sido los motivos reales del Gobierno para esclavizar de este modo a un colectivo y se pone de manifiesto que ha sido solo una excusa dentro de una enorme operación de privatización y de ocultación del déficit público que ha sido producido una mala gestión, especialmente cuando España intenta dar una imagen de país serio durante su Presidencia de la UE, el Ministro y el Gobierno pueden llegar a encontrarse en una situación incómoda.

También es cierto que los sindicatos mayoritarios pueden empezar a desconfiar de que el Gobierno no decida "cancelar" convenios por su cuenta como en el caso de los controladores aéreos, ya que el Ministerio de Economía y Hacienda ha pedido informes al Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre construcción y gestión de hospitales y estaciones de tren y puertos [52]. Y por supuesto, los sindicatos, después del problema financiero que se avecina del 2012 en adelante con la devolución de enormes préstamos contraídos, sobretodo con BEI (Banco exterior de inversiones) y DEPFA, que se habían diferido en el tiempo, pueden pensar razonablemente que pueden verse inmersos en unas reducciones de plantilla de miles de trabajadores. De hecho, es posible con la enorme deuda acumulada que en el futuro haya que prescindir de miles de trabajadores de AENA y no hablo tan solo de controladores aéreos.

Según se desprende del proyecto del Ministro, la propuesta es tener controladores aéreos de primera y de segunda categoría, es decir "low cost". Para ello es necesario "vaciar" de los controladores actuales las torres de los aeropuertos que se quieren privatizar y hacerlo sin tener que responder ante la Ley y a coste cero. El RDL que se ha hecho a medida le da esa posibilidad. Esto le resulta muy rentable, pero lo que es mejor, si la patronal tiene la posibilidad de despedir discrecionalmente a sus controladores "baratos", estará segura de no tener nunca problemas con ellos.

Esta posibilidad de despido indiscriminada estaba blindada en el convenio actual. Esto no era un privilegio, sino una recomendación de los organismos de seguridad internacionales que plantean que no es muy seguro para las operaciones de tráfico aéreo trabajar en una situación de presión laboral que se sume al estrés profesional.

Sin embargo las empresas explotadoras y constructoras no desean depender de que un colectivo pueda paralizar sus aeropuertos. Saben que en un futuro existiría la posibilidad de plantearse una huelga a nivel nacional, para que todos los controladores aéreos españoles, sea cual fuera el ANSP para el que trabajaran exigieran unos mínimos comunes en sus contratos. Por tanto lo mejor es disponer de trabajadores baratos y prescindibles fácilmente. Todo un ideario socialdemócrata.

En todo caso, como ya se ha dicho, cuantos más días pasen sin firmarse un acuerdo más evidente será la fragilidad de la posición del Ministro, porque más gente verá que se ha comportado de forma dictatorial y fuera de la ley por motivos poco defendibles y es posible que determinados estamentos dentro del propio país puedan a la larga empezar a hacer algunas preguntas.

Hay que recordar que el trámite parlamentario en la Cámara Baja no entra a juzgar el contenido del RDL, sino tan solo su urgencia. Por ello el coste político de dicha norma inconstitucional todavía puede pasarle factura. Si las cosas se ponen feas, los partidos que han votado a favor pueden desmarcarse argumentando que ellos sólo juzgaron la urgencia, no el contenido. Como se ha dicho, esta situación es inaudita en la democracia española.

Por otro lado, en el momento en que se firmara un acuerdo se podría dejar en suspenso el RDL, lo cual haría innecesario un pronunciamiento judicial que lo dejaría en evidencia.

Según sus planes, los controladores deberían en breve plazo, desgastados por la presión mediática y laboral que está poniendo sobre sus hombros, renunciar a sus derechos y aceptar un nuevo convenio impuesto por el Ministerio. Se irían de la torres y todo quedaría al gusto del Sr. Blanco sin cargar con un coste ni electoral, ni legal, ni económico. Su nerviosismo e insistencia actuales en seguir atacando y ensañándose con él colectivo de control y en exigir la firma inmediata de un acuerdo, son prueba de que sabe que se juega su futuro político (y probablemente su futuro fuera de la política también).

Actualmente las actuaciones del Ministerio de Fomento en relación con el problema de los ATCO se centran en dos frentes:

- Por un lado la contratación de nuevos profesionales. Amenaza con una contratación masiva de controladores europeos, ignorando que éstos ya han declarado que en las actuales condiciones, cualquier país europeo tiene mejores condiciones y que por tanto por el momento no vendrán [53]. Amenaza con la formación "exprés" de militares o pilotos en paro como controladores aéreos, sin tener en cuenta que se tarda años en formar a un controlador aéreo en cualquier país europeo y por tanto deberían validarlo tanto AESA (la Agencia Española de Seguridad Aérea no sería un problema, ya que depende del propio Ministerio de Fomento, en contra de las directrices de Eurocontrol), como los organismos internacionales [31].

Eso sí podría llegar a ser un problema porque los organismos de aviación civil internacionales se rigen por unos estándares de formación muy rígidos. Podrían quejarse incluso las propias compañías aéreas que debería volar bajo tales circunstancias. En ese punto sin embargo, el Gobierno ha mostrado hasta ahora total desprecio por la normativa internacional de seguridad aérea como demuestra la guerra psicológica que ejerce contra unos trabajadores que cuando desempeñan su labor deben estar concentrados tan solo en lo que hacen y no en qué puede sucederles al minuto siguiente.

- El segundo frente es amenazar a los ATCO con expedientes que pueden ser causa de despido. Si se echa un vistazo al nuevo RDL se verá que concede la potestad a AENA de impedir d